El ingreso mínimo vital (IMV) no es idéntico al que proponía Podemos en 2015, pero se le parece mucho y abre un camino para ganar derechos sociales después de un ciclo de 15 años donde las clases populares sólo han perdido. Nacho Álvarez —ahora también secretario de Estado de Derechos Sociales y tejedor del Ingreso Mínimo Vital— presentó en aquel año la denominada “renta mínima universal” y sería un salario mensual de 600 euros para personas sin ingresos, para paliar los efectos de la pobreza tras la crisis de 2008.
Sólo CCOO y UGT, conocedores del 26% de pobreza que teníamos en España antes del coronavirus, han estado apoyando aquella medida, registrando una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso. No salió entonces, pero hoy el primer Consejo de Ministros de coalición, tras la recuperación de la democracia, lo ha convertido en un derecho que supone una revolución social y que se convierte, junto con sanidad, educación, pensiones y dependencia, en la quinta pata del Estado de Bienestar.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta renta mínima a nivel estatal, que pretende alcanzar los 850.000 hogares. La ayuda se podrá solicitar a partir de junio y creará un suelo de ingresos en todo el territorio nacional, que garantizará unos mínimos de renta de manera mensual, en 12 pagas, según el tipo de hogar, para el que se ha tenido en cuenta un total de 14 familias diferentes. La Seguridad Social complementará los ingresos de la familia (por ejemplo de alguna prestación o ingresos salariales muy bajos) hasta llegar a determinados umbrales que considera que son los mínimos para vivir según la tipología de hogar: el mínimo, para un hogar de una persona, es de 461,5 euros al mes y el máximo, de 1.015,3 euros al mes, en familias más amplias con menores a cargo.
El ingreso mínimo vital será el suelo de ingresos y se compatibilizará con las ayudas autonómicas existentes.
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